Las políticas gubernamentales de desarrollo orientadas por lógicas de globalización neoliberal, donde la presencia del Estado ha decrecido notoriamente, en cuanto al control de las empresas de servicios públicos; haciéndose evidente la venta al sector privado de las mismas। Han generado nuevas oportunidades para que éste último legitime su accionar basado en estos beneficios ofrecidos por el gobierno, y como el objetivo de dichas concesiones privadas consiste en el beneficio lucrativo bajo cualquier pretexto, el orden del derecho ha sido vinculado tajantemente en éste proceso, puesto que bajo la premisa de que “el bien común prima sobre el bien particular”, se han venido desarrollando acciones que perjudican comunidades enteras.
Ahora bien, las experiencias de construcciones de mega-proyectos bajo la premisa mencionada líneas arriba han dejado graves consecuencias para las comunidades donde son realizadas. En este orden de ideas es necesario revisar los procesos de mitigación del impacto social que deben tenerse en cuenta en este tipo de procesos y las garantías que deben brindarse a los miembros de dichas comunidades.
En el caso actual, el 13 de Junio del año 2008 se adjudicó la construcción de 6 nuevas represas hidroeléctricas en el territorio nacional, entre ellas la ubicada en Santander en inmediaciones del río Sogamoso, con un costo aproximado de 1 billón de dólares según medios oficiales, donde será construido el muro que se aproximará a 200 metros de altura, para almacenar agua con destino a la hidroeléctrica por parte de la empresa (cuyo 47% del capital es privado) ISAGEN.
El municipio mayormente afectado por este mega-proyecto es el de Betulia en Santander, el cuál aportará el 75% de la extensión de terreno que ocupará la inundación de la presa, lo cual se traduce en un gran impacto socio-cultural, económico y ecológico, que generará cambios drásticos en los modos de vida de los actuales habitantes, serán aproximadamente 700 familias las afectadas con éste proyecto, generando en ellos un desplazamiento forzado inminente, debido a que pese a que les dicen que sus terrenos serán comprados aún no se conoce la forma en cómo se realizarán los avalúos de los terrenos y dicha suma no cubre ni restablece las redes sociales que se han tejido a lo largo del tiempo, la cosmovisión que han construido y los procesos culturales que allí se desarrollan en la actualidad y las formas de vida desarrolladas a partir de la relación de los campesinos con sus tierras y el río; además las formas de negociación no permiten que se construyan asociaciones entre las familias afectadas, individualizando los procesos y de ésta forma fragmentando a la comunidad afectada.
De esta forma se evidencia cómo la lógica de la globalización permea todos los ámbitos de la sociedad y ésta misma lógica establece relaciones de poder entre las instituciones gubernamentales y los individuos puesto que la interpretación de estos principios y de las normas por parte de los primeros, desnivela la balanza hacia su favor la cual al estar directamente relacionada con la lógica global, justifica sus acciones a partir de los discursos orientados por la “doctrina” del derecho (la manipulación de estos principios invisibiliza dicha problemática).
Así pues es notable la necesidad de hacer un alto en el camino y:
· Denotar la incidencia e impacto social que las obras de infraestructura generan sobre los individuos, analizando los elementos que la lógica de desarrollo plantea con naturalidad y que se encuentran cobijados por normativas y políticas globales.
· Generar una discusión frente a como son concebidos los derechos humanos desde la política global y las repercusiones que esas formas de simbología tienen para los individuos, y la reproducción de estos conceptos que eliminan subjetividades al respecto.
· Analizar las contradicciones que los derechos humanos manifiestan en cuanto modo de aplicabilidad a la realidad que presenta la globalización.
Debido a estas razones se han presentado propuestas de grupos sociales que pretenden hacerle frente a los drásticos cambios en las formas de vida que generan estos mega-proyectos cuyo trabajo es vital por cuanto propenden por el bienestar de la comunidad y el restablecimiento de sus condiciones actuales de vida a futuro, sin embargo es preciso echar un vistazo a los procesos que se han desarrollado en éste sentido en otras comunidades y comparar su situación actual frente a su anterior forma de vida a fin de evidenciar el potencial de impacto negativo que tienen estas obras en la comunidad que se expone en el presente artículo.
Que el bien común propenda por encima del bien particular, signifique despojar a una comunidad de sus territorios, costumbres y formas de vida y organización económica y social, es una gran contradicción en el sistema de Internacional de Derechos Humanos, es preciso cambiar el orden en que éstos se imponen a fin de garantizar la vida digna de todas las personas.
